Las “instituciones” han adoptado nuevas medidas para hundir la economía griega en respuesta a la decisión del gobierno de convocar un referéndum sobre las condiciones del rescate el 5 de julio. Las negociaciones nunca fueron sobre economía, sino acerca de un cambio de régimen, y acerca de eliminar posibles contagios políticos en otras partes de Europa.Un fantasma recorre Europa: el espectro de una alternativa democrática a la austeridad. El gobierno de Syriza en Grecia encarna esa alternativa, por lo que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) se han aliado con el FMI para exorcizar el desafío que representa. Con pocas excepciones, los partidos políticos de todas las tendencias han apoyado tácita o activamente a la coalición anti-Syriza.
Desde su victoria electoral en enero, Syriza ha tratado infructuosamente de negociar un alivio a la austeridad ruinosa impuesta a los gobiernos anteriores, programa que ha causado niveles de destrucción socioeconómica normalmente propios de tiempos de guerra, recuperación postergada para un futuro lejano, sumado a la carga de la deuda.
El gobierno, pese a las promesas electorales de poner fin a la austeridad, buscó en el país todo el efectivo disponible, recortó el gasto para lograr un superávit presupuestario y cumplió con los pagos a acreedores. La Comisión, el BCE y el FMI (a los que ahora se llama “las instituciones” en lugar de la Troika) dejaron claro desde el primer día que la reducción de la deuda, única solución realista a la crisis permanente, no estaba sobre la mesa. Pese a que el gobierno intentaba negociar pacientemente, e incluso accedía a continuar con el ruinoso plan de rescate en condiciones que habrían aspirado miles de millones de euros adicionales hacia fuera de la economía, sus propuestas sufrieron rechazo, desprecio e insultos.
Las “instituciones” niegan con cinismo toda responsabilidad por un colapso económico previsiblemente de gran escala. Las limitadas medidas oficiales para garantizar la nutrición básica y el acceso continuo de los sectores más vulnerables de la población a la electricidad fueron denunciados como ‘unilateralismo’ inaceptable. Para el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, quien antes reivindicaba la distinción de haber consolidado a Luxemburgo como paraíso fiscal para las empresas multinacionales, ninguna propuesta fiscal griega resultaba lo suficientemente regresiva. Se condenaron reiteradamente las propuestas del gobierno de mantener los esqueléticos sistemas de negociación colectiva y protección social. El BCE orquestó la fuga de capitales y la corrida bancaria, al limitar el acceso de los bancos griegos a préstamos mientras quitaba de a cucharadas suficiente liquidez de emergencia como para mantener una presión permanente.
Ahora las “instituciones” han tomado nuevas medidas para hundir la economía griega en respuesta a la decisión del gobierno de convocar un referéndum sobre los términos del rescate el 5 de julio. El objetivo es reforzar el dominio de los bancos y de los denominados tecnócratas (que en realidad son políticos) y recordar a los ciudadanos de Grecia que nunca tienen que imaginarse que podrían desafiar el poder de las finanzas.
Lo cierto es sencillamente que la barbarie social, llamada austeridad nunca podría producir el resultado que ostensiblemente pretendía alcanzar.
Las negociaciones nunca fueron acerca de la economía, sino acerca de un cambio de régimen, y acerca de eliminar posibles contagios políticos en otras partes de Europa.
En 1953, la Conferencia de Londres de acreedores de Alemania acordó condonar la mitad de la cuantiosa deuda prebélica de Alemania y el pago del resto a partir de la capacidad de Alemania de pagar con la obtención de un superávit comercial. Si no había superávit, no habría pagos. El Acuerdo de Londres era político; se tenía la intención de fortalecer la posición de Alemania en la Guerra Fría. La decisión de debilitar a un gobierno de izquierda en Grecia es igualmente política. La afirmación, repetida infinitamente durante seis meses de negociaciones, de que Europa puede resistir el incumplimiento y la salida del euro de Grecia, se puede transformar en lo contrario. Europa puede digerir una rebaja sustancial de la deuda griega –de hecho, sería beneficioso para todos– pero las “instituciones” están decididas a dar una lección política, y no solamente a Grecia.
A lo largo de las negociaciones, el gobierno ha defendido su posición con paciencia, a veces de manera elocuente. Sus propuestas de medidas limitadas para defender a los trabajadores, los pensionistas y los pobres de los estragos de una depresión sin precedentes habrían parecido muy moderadamente keynesianas hace tres décadas. El hecho de que ahora se denuncien como una amenaza para el orden europeo nos dice mucho sobre ese orden y sobre la crisis subyacente de la política europea y mundial.
La victoria electoral de Syriza ha demostrado el poder potencial de un amplio movimiento de Izquierda que esté dispuesto a disputar el statu quo. Para que Syriza pueda continuar su lucha, la solidaridad es fundamental, ahora más que nunca. Los sindicatos tendrían que estar organizando esa solidaridad.
La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines, (UITA) es una federación internacional de organizaciones sindicales de los sectores de procesamiento de alimentos, manufactura de bebidas, procesamiento de tabaco, sectores agrícola y de plantaciones y en las industrias hotelera, de restaurantes y proveedores, comercios y servicios. La UITA cuenta aproximativamente con 2,6 millones de miembros repartidos en 403 organizaciones afiliadas en 126 países.
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